El
abogado Wilmer Fernández ratificó su denuncia sobre la supuesta operatividad de
bandas organizadas de jueces y fiscales en el estado Apure y por ello –a su
juicio- no se lucha contra la corrupción y presume que algunas personas
involucradas en ilícitos estarían siendo beneficiadas.
Se
refirió a su acusación contra la presidenta del Circuito Judicial Penal del
estado Apure, Dra. Mildred Ruiz. El denominado Comisionado Popular
Anticorrupción ventila el caso públicamente de nuevo porque no ha tenido
respuesta de los organismos competentes, sobre el sobreseimiento a dos causas.
“Todos
recordamos que la ciudadana Jacqueline Aponte (exsubdirectora de administración
de la Gobernación del estado Apure) tenía dos causas fuertes por presuntos
hechos de corrupción. Una de ellas por legitimación de capitales y asociación
para delinquir. Tenía bloqueada una cuenta en ese entonces, adicionalmente una
medida de enajenar y gravar bienes. Sumado a ello tenía una orden de
aprehensión. Se presentó en los tribunales y no tuvo ni un minuto detenida, el
Ministerio Público no pidió ni el efecto suspensivo de la decisión de ese
momento. El Tribunal le cambió la medida avalando que se presentara
tranquilamente sin privarla de libertad, esa causa la llevaba el Dr. Edwin
Blanco”, expresó el denunciante.
La
otra causa, agregó Fernández, era llevada por una juez de apellido Ferrer por
estafa y agavillamiento. “Es triste porque el Estado es la víctima. No se puede
entender que tenga tanto presunto tráfico de influencias para evadir la
justicia”, cuestionó Fernández quien calificó de “asombrosa” la situación.
Cuestionó al Juez Rector del estado Apure, Dr. Francisco Velásquez, ya que
considera no habría hecho las diligencias necesarias para verificar el
comportamiento de los jueces en el estado.
Fernández
ha afirmado que “en los tribunales del estado Apure no se está luchando contra
la corrupción. No se está cumpliendo el llamado del Presidente Chávez ni de
Maduro de acabar con la corrupción. Hay muchas personas que son juzgadas por
causas menores y son privadas de libertad. Pero hay quienes se creen
intocables”, manifestó el abogado quien advirtió que “cualquier cosa” que le
suceda, (incluido la siembra de algún elemento para inculparle un delito),
responsabiliza la Presidenta del Circuito Judicial Penal y la Fiscal Superior
del estado Apure. Por último indicó que el caso ha sido llevado a diferentes
instancias porque son varios los funcionarios denunciados y no ha habido
justicia a nivel regional, en algunos casos por ser personas “protegidas”.
Espera una exhaustiva investigación por parte de los organismos nacionales
correspondientes.
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