Miguel Cardoza
@MiguelCardoza
San Fernando de Apure
En
vista de la situación del país que, hoy más que nunca, amerita que se reactive la producción han
salido a la luz pública una serie de denuncias en cuanto a hatos estatizados en
el estado Apure. En un informe recibido por la diputada Miriam Berdugo de
Montilla se da cuenta de presuntas irregularidades suscitadas en los predios
pertenecientes a la Unidad de Producción Socialista Agrícola Marisela.
En principio se regían por decreto presidencial bajo
una administración especial del Gobierno Nacional como todos los demás bienes
del Grupo PRO y fueron entregadas al Frente Francisco de Miranda para su
manejo, pero en febrero del año 2010
se le entregaron por decisión ministerial a la UPSA Marisela que comprende el Hato Santa Rita en la vía Achaguas, Finca
Puerto Miranda del municipio Camaguán y Finca Santa Ana en Calabozo. Éstos eran propiedad del empresario Ricardo Fernández Barruecos
“Hicieron de lado al personal y comenzaron
una sistemática política de persecución y acoso a los mismos, sometiéndolos a
vejaciones y humillaciones de todo tipo con la finalidad de lograr el retiro de
trabajadores. Durante años en todas las fincas bajo su control hemos soportado
un sinnúmero de atropellos, marchas obligadas, concentraciones, traslados a
otras UPSAS por mencionar algunas cosas. Siempre bajo amenaza. Aquí mandamos
nosotros, o lo hacen o van para afuera”, revela el informe.
En febrero del año 2010 en un solo día despidieron a 11 trabajadores en la
Finca Santa Rita, violando la Ley del Trabajo en lo que se refiere a despidos
masivos, por negarse a dejar que se llevaran la maquinaria de la finca. “Al
momento de la toma las fincas estaban 100 % operativas, con una cantidad suficiente de
semovientes, predios totalmente al día y maquinaria para realizar los trabajos.
Apenas llegaron destruyeron todo tipo de documentación de las fincas
(registros, archivos, expedientes), con la destrucción de las
oficinas y quemado de todos los archivos de equipos de computación o
almacenamiento que se encontraban en cada una de las fincas”, denuncia la legisladora
basada en los documentos recibidos.
Destaca que paulatinamente se produjo el traslado
irregular, sin registro administrativo alguno, de maquinaria y equipos como
rastras, tractores, patrol, cosechadoras, enfardadoras, bombas grandes de
agua, vehículos, etc., además de semovientes. Todo llevado hasta la UPSA Marisela
de Mantecal municipio Muñoz, sin que hasta la fecha se conozca su destino. “Los
damos por perdidos”, resaltan
trabajadores citados en la investigación.
Afirma que
para conminarlos a renunciar, del personal administrativo sobrevive un
coordinador sin poder real de decisión. El personal de las fincas
representa el 40 % del
original y necesario para su funcionamiento y de ese número otro 40 % son personas de la
tercera edad, muchos con varios años de servicio.
Infraestructura
“por el suelo”
Durante cinco años poco o nada se ha ejecutado, ni
siquiera en el mantenimiento de las UPSA. “La infraestructura está en el suelo,
por ejemplo, cercas inexistentes lo que dificulta el pastoreo de los animales,
oficinas y centros de producción completamente inoperativos, equipos y maquinarias
con muy poco funcionamiento, en algunas ni siquiera se posee herramientas de
trabajo”, denuncian los trabajadores, lamentando que “todo esto ocurre a pesar
de haber contado con los recursos asignados por el Ministerio de Finanzas y
la Oficina Nacional de Presupuesto para cada una de las unidades de
producción.
En la recopilación de testimonios Berdugo de
Montilla resalta que “casi nada de los recursos se utilizó en las fincas,
desconociéndose el destino de esos fondos; por citar un caso: en Puerto Miranda
se producían diariamente 500 litros de
leche, sin mencionar los mautes que anualmente se sacaban de la finca”.
DATOS
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En diciembre del 2009 se dictaron medidas de aseguramiento contra muchos
bienes pertenecientes al empresario venezolano Ricardo Fernández Berruecos
-
La expropiación, ordenada por el Ejecutivo Nacional,
fue por presuntas irregularidades percibidas por la Sudeban en algunos de los
bancos propiedad de Fernández Barruecos que comprometían los ahorros de sus
clientes y para resarcir lo s perjuicios se le confiscaron los bienes, además
de en carcelamiento
-
Los
predios manejados por la UPSA Marisela, señaladas en el informe, son Hato Santa Rita en Achaguas de
8 mil hectáreas aproximadamente, Finca Puerto Miranda de 2.700 hectáreas en
el municipio Camaguán, y Finca Santa Ana de Calabozo la cual cuenta con 2.200
hectáreas.
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Un juez sentenció a favor de
Fernández Barrueco. El Estado deberá pagarle 25 millones de dólares. La
decisión fue ratificada, reveló el periódico Quinto Día
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