Miguel Cardoza
Las
zonas fronterizas, en cualquier país, siempre presentan dificultades de
diversas índoles por la influencia de múltiples factores habitualmente
asociados a pobreza y delitos, por las condiciones de las mismas. El caso de
Colombia y Venezuela, que comparten 2.219 kilómetros, es de suma importancia a
nivel geopolítico. Quienes habitan en estados o departamentos limítrofes
conocen la realidad económica y educativa a la perfección y son quienes con
sólo contar sus historias revelan como la desatención o ausencia de políticas
acertadas influyen en el fortalecimiento de actividades al margen de la ley en
estas zonas.
Lamentablemente
los adolescentes y jóvenes, al ver
reducida su capacidad de progreso y desarrollo óptimo, son presa fácil de
bandas organizadas y grupos irregulares. Javier Tarazona, director de la
Fundación Redes, recomienda manejar el caso con más amplitud, no limitar los
problemas sólo a la línea divisoria porque ya han sobrepasado ese territorio y
se han instalado en ciudades o poblaciones que no necesariamente están en el
área fronteriza, ello debido a la fortaleza que han alcanzado los promotores
del delito ante la incapacidad o ineptitud para contrarrestarlos por parte de
las autoridades nacionales y regionales.
Asegura
que “ya no es un tema de la frontera, en todo el territorio nacional operan
grupos irregulares que han ido surgiendo solapados con la mirada complaciente
del gobierno, teniendo como causa principal la pobreza, sumándole también la
impunidad reinante en todo el territorio nacional”.
Pero
aún sólo circunscribiendo los hechos a la frontera es evidente que no se ha trabajado con fortaleza desde el Estado, e
incluso se pudiera decir que en algunos casos la institucionalidad ha perdido
terreno frente al cada vez más sólido accionar de las bacrim y otros grupos.
La
pobreza no justifica la delincuencia, no es aceptable, pero muchos jóvenes
carentes de apoyo y quien les brinde una mano son proclives a caer en el mundo
hamponil. Tarazona asegura que no es casual que se hable de los jóvenes, porque
que al crecer en un ambiente donde lo legal no les beneficia, o es muy inferior
a lo que la ilegalidad ofrece, se presenta una gran tentación aún más para
gente vulnerable, no sólo por la zona sino por las condiciones de vida que no
quiere y que es tan difícil cambiar por falta de incentivos o respaldo oficial.
Frente
a esta situación mantiene la firme tarea de organizar a los educadores en la
Red de Educadores en Defensa de los Derechos Humanos (REDH) en estado
fronterizos y Distrito Capital. Mientras menos preparado esté el ciudadano es
más cómodo para ser llevado a integrar o colaborar con grupos al margen de la
ley.
Tarazona
contó la historia de María José quien fue secuestrada en el año 2008 por las
FARC. Citó una entrevista que dio Samuel Molina, padre de la joven, donde
aseguró que soñaba con ser bailarina y periodista. Ahora es parte de la
guerrilla y tendría el alias de Carla en el frente 33 de esa guerrilla en
Colombia.
“Un
estudiante tiene el dilema si estudia para graduarse como profesional y
engrosar el número de desempleados del país o prefiere ganarse cincuenta mil
pesos diarios que equivalen a dos mil bolívares como mínimo por hacer algún
trabajo sencillo pero ilícito”, dijo. He allí el dilema que describe el citado
profesional del magisterio quien afirma conocer testimonios de reclutamientos
forzados y voluntarios de estudiantes que desertan de los planteles. El dirigente
gremial tomando cifras del Ministerio de Educación indica que unos 167 mil
alumnos han abandonado las aulas sólo en Amazonas, Apure, Bolívar, Táchira y
Zulia.
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