Miguel Cardoza
@MiguelCardoza
San Fernando de Apure
La segunda fase de la denominada “ofensiva económica”
arrancó el pasado viernes en Apure. Una réplica de la primera jornada pero con
la promesa de ser más rigurosa y que plantea, entre otras cosas, el
cumplimiento de la Ley de Precios Justos y velar por el abastecimiento, en
vista de la escasez de cada día más rubros de primera necesidad.
Se abordarán sitios de producción y distribución para
garantizar el acceso a los productos y a los servicios, para lo cual se contará
con el trabajo de fiscales, Guardia
Nacional y activistas políticos oficialistas de algunos sectores populares.
Estarán pendientes de cualquier infracción para aplicar la norma que contempla
de 8 a 10 años de cárcel para aquellos que vendan bienes o presten servicios a
precios superiores a los fijados por la Superintendencia de Precios Justos.
La premisa, durante la alocución donde se dio inicio formal
al operativo en la sede de la 9na División de Caballería Motorizada e Hipomóvil, es resistirse al soborno, no tener
amiguismo, “porque la orden que hay es la de proteger al pueblo”, dijo el
gobernador Ramón Carrizalez. Pese a la implementación de esta medida adoptada a
nivel nacional el llamado realizado es a “disminuir el consumismo desaforado y
el acaparamiento familiar”.
Luis Alfonso Sánchez, coordinador de la Sundde – Apure, anunció
que se trabajará con los Comités de Contraloría Social del Poder Popular,
contraloría Sanitaria e incluso con la Inspectoría del Trabajo, en conjunto con
los organismos de seguridad del Estado venezolano. Informó que algunos
establecimientos comerciales han sido objetos de la apertura de procedimientos
administrativos por supuestamente expender productos vencidos.
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