San Fernando de Apure
Este miércoles se llevó a cabo
en la Asamblea Nacional una reunión en el Salón Protocolar con la Asociación de
Alcaldes de Venezuela, donde participaron mandatarios municipales de diferentes
estados del país, una de ellas Lumay Barreto quien fue separada del cargo por
el Tribunal Supremo de Justicia el año pasado.
Parte de sus exigencias estuvieron
relacionadas con la decisión judicial que la afectó. Reclama un pronunciamiento
de la presidenta del TSJ al respecto, así como lo hizo con prontitud para
aplicar una medida cautelar que impidió a los diputados del estado Amazonas
incorporarse al parlamento.
Pero no solo hizo referencia a
que se le retornen sus facultades otorgadas por la ciudadanía tras la elección
el 8 de diciembre de 2013, sino que alertó sobre dónde están los recursos aprobados
para atender la emergencia ocurrida en Guasdualito y la realización de obras
para prevenir una nueva inundación.
Advirtió que se requieren
“trabajos de contingencia en los diques de protección sino estaremos nuevamente
bajo las aguas” en temporada de invierno.
Indicó que el Gobierno Nacional
envió 139 millones de bolívares producto de créditos adicionales a la alcaldía
del municipio Páez, más 300 millones que fueron enviados para la contingencia y
no se ha ejecutado ninguna obra. Sumado a ello los 50 mil dólares que donó la
Corporación Andina de Fomento (CAF).
“En verano no se ha hecho nada,
solo nos quedan 10 días de enero, febrero, marzo y parte de abril para hacer un
trabajo grande y el pueblo no aguanta más porque está totalmente destruido”,
expresó Barreto, cuestionando además que “en Apure tenemos un dictador de
gobernador que lo que hace es humillar al pueblo, trata a los ciudadanos como
si fuésemos soldados de él”.
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