San Fernando de Apure
“La negociación está paralizada
porque la Dra. Alba Espinoza, Procuradora General del estado, ha saboteado las
conversaciones haciendo propuestas que están fuera del marco de la legalidad,
pretendiendo que los maestros renuncien a derechos que hemos conquistado en
leyes nacionales desde hace más de 67 años y en las convenciones colectivas
desde hace más de 40 años”. Así lo explica el coordinador del Comando
Intersindical del Magisterio, José Martín Paredes las razones del estancamiento
de los diálogos.
El gremialista detalló que,
respecto a la pensión por incapacidad, en la Ley Orgánica de Educación Nacional
de 1948, el Congreso de la República aprobó que los maestros venezolanos obtuvieran
su jubilación y pensión a través de esta ley. Ello se repitió en el año 1955 y
en la norma de 1980. Luego se modificó la Ley del Trabajo, en el periodo
1989-1990, y las organizaciones sindicales firmaron el primer contrato
colectivo donde se integraron las cláusulas de jubilación y pensión.
“Todos estos argumentos
pretenden ser desconocidos por la Procuradora (…) De manera temeraria,
colocándose al margen de la ley, quiere imponerle a los educadores la Ley del
Estatuto de Jubilaciones y Pensiones que en su artículo 3 dice de manera
taxativa establece que los funcionarios que tengan su régimen de jubilación y
pensión por una ley nacional quedan excluidos de la otra ley”, precisó Paredes.
El también presidente del Suma,
recordó que en el Gobierno actual las pensiones por incapacidad se han pagado
conforme a los dictámenes que emitía la Dra. Alba Espinoza en base a la
cláusula 24 de la convención colectiva. “Ahora pretende cambiar el fundamento
de derecho de manera ilegal y no lo vamos a permitir”, afirmó.
La funcionaria ha llevado la
disputa hasta un tribunal, donde pide que retiren la cláusula 13 del proyecto
en discusión. Los demandados son el presidente de Sutepps, Bofil Torres; de
Sintraenseñanza, Lino Díaz; y el presidente de Suma, José Martín Paredes.
“Nosotros no la vamos a
retirar. Si se presentó el litigio ante el tribunal allá le daremos respuesta y
defenderemos en la calle esta conquista legal y contractual de los maestros
venezolanos”, enfatizó el vocero sindical.
Calificó de “exabrupto” y “adefesio
jurídico” la demanda de 3.050 unidades tributarias, lo que en la actualidad se
traduce en 457.500 bolívares, pero el año próximo –de acuerdo al aumento de las
UT- sobrepasará el medio millón de bolívares fuertes.
“Si el tribunal decide a
derecho, esa acción no prosperará porque se fundamenta en hechos totalmente
contrarios al ordenamiento jurídico y significan una violación flagrante a la
Constitución por la progresividad, permanencia de beneficios, intangibilidad e
irrenunciabilidad de los derechos laborales”, afirmó Paredes.
En cuanto al restablecimiento
del diálogo, durante los últimos días han enviado dos comunicaciones a la
Inspectoría del Trabajo pidiendo que convoquen a las partes y se les ha informado
que esperan las instrucciones del viceministerio respectivo.
Solo restan discutir pocas cláusulas
pre-acordadas relacionadas con la salud, servicio funerario, licencias
sindicales y recreación, las cuales Paredes cree que no tendrán mayores
inconvenientes, “porque al fin se mantienen los derechos existentes o se
homologan los beneficios nacionales”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario