Miguel Cardoza
San Fernando de Apure
Lumay
Barreto, separada temporalmente de su cargo por los magistrados de la Sala
Constitucional tras admitir un recurso de amparo introducido por los concejales
del municipio Páez del estado Apure, se presentó ante el Tribunal Supremo de
Justicia, acompañada de la alcaldesa de San Cristóbal Patricia Gutiérrez de
Ceballos y el mandatario de El Hatillo, David Smolansky para exigir su restitución.
La
también dirigente opositora manifestó que no acepta el dictamen del máximo
juzgado, ya que el recurso podría ser admitido y mientras se discute la
decisión sobre la petición de destitución podría permanecer en funciones.
Reiteró la tesis que solo se ausentó de sus despacho 7 días, aunque la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal le permite hasta 15 días de ausencia y para
declarar el abandono de cargo se deben esperar 90 días.
“Es
una aberración jurídica lo que han cometido, no está avalado por ninguna
ley y menos por la Constitución”, afirmó Barreto. Recordó el continuo boicot a
su administración encabezado por el gobernador, obstaculizando la
gobernabilidad desde el momento de la elección cuando intentaron impedir que se
posicionara.
“Yo
quisiera saber si la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys
Gutiérrez, tiene familia, si tendrá hijos, que se imagine lo que toca vivir a
las madres y padres del municipio Páez. Le ha quitado de nuevo la paz y tranquilidad
que mi pueblo vivía. Señora magistrada póngase la mano en el corazón y revise
lo que ha hecho”, solicitó la alcaldesa quien advirtió que tras la decisión
“hay un pueblo lleno de zozobra, nerviosismo, incertidumbre y terror porque
sabemos cuántas madres se han quedado sin sus hijos que están desaparecidos y
no los consiguen por ninguna parte, nosotros sabemos cuántos muertos tenemos
semanalmente en el municipio, y sabemos todas las penurias que pasamos”.
Exigió
a la cabeza del Poder Judicial que “demuestre que no están sumisos al partido
de gobierno, que están ejerciendo la justicia, porque si no es capaz de eso
renuncie. Los venezolanos no nos mereceremos estas injusticias de los
enchufados”.
La
abogada Ana Leonor Acosta argumentó que Lumay sigue siendo alcaldesa y el TSJ
tiene 5 días para pronunciarse sobre el recurso introducido este martes para
exigir la restitución. Presentaron el escrito con los argumentos de hecho y
derecho con los cuales la alcaldesa se opone. La defensa explicó que se ha señalado
que en primer lugar era una acción de amparo y se cambió por una acción por
intereses difusos y colectivos por parte de la sala de oficio, no es la
petición que hicieron los accionantes, es decir los 4 concejales que simpatizan
con el gobierno regional.
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