martes, 15 de enero de 2013

PJ Apure cuestionaa inexistencia de acciones contra la violencia e inseguridad



Miguel Cardoza
Twitter: @MiguelCardoza
San Fernando de Apure
Primero Justicia continuó con su iniciativa “No + violencia”. Al respecto José Ángel Jiménez, coordinador de “Justicia en la Calle” en Apure, destacó que “el Poder Judicial en Venezuela solo sirve para legitimar exabruptos del gobierno, ante los mandatos del oficialismo”.
“Exigimos políticas eficaces de seguridad por el incremento de la violencia, en 2012 se denunciaron 583 secuestros en el país, pero sabemos que hay muchos que no son denunciados, también observamos el aumento de los asesinatos a funcionarios policiales”. Señaló que las políticas son “casi inexistentes” para condenar y castigar la violencia. “Más del 90% de los asesinatos que ocurren en el país quedan impunes”, acotó.
 Explicó que debido a la impunidad, la violencia en Venezuela ha llegado a cifras alarmantes. “Ya está bueno de vacaciones, de descanso y de discusiones (…) por eso nosotros le decimos al gobierno nacional y regional que se active en resolver los problemas de la gente empezando por la inseguridad. Es lamentable que el gobierno se encargue de hacer shows electoreros (…) No es prioridad para el gobierno la seguridad, en el presupuesto de la nación para el año 2013 se bajó en un 38% lo asignado en el 2012”, argumentó
Indicó que solo se asignó 2,6 millardos de bolívares para la seguridad y orden público lo que equivale mensualmente a 7 Bs por cada venezolano. “Nuestra población apureña y la juventud se encuentra en constante zozobra por el hampa, la cotidianidad de los San Fernandinos se ha visto revestida por la brutal violencia de las calles que recorren nuestros hijos (…) vemos como lamentablemente la tristeza enluta los hogares de los apureños que pierden a sus seres queridos por la violencia y que saben, que no existe seguridad ni garantía de que estarán resguardados de tales niveles de  violencia”, manifestó.
Finalizó solicitando al gobierno, nacional, regional y municipal exigiendo medidas que permitan la disminución de la incidencia delictiva en el país y particularmente en el estado Apure.

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