CORTESÍA EL UNIVERSAL
Deficiencias de los sistemas de salud y de justicia. El pasado 5 de marzo, un joven de 23 años y con VIH, falleció injustamente en el Hospital Pablo Acosta Ortiz de Apure, luego de un irregular proceso investigativo y judicial, que se inició con la privación ilegítima de su libertad, por funcionarios del Cicpc de Guárico, sin orden judicial ni flagrancia, y sin informarle claramente sus derechos y los motivos de su detención.
El caso fue remitido al Fiscal 12 de ese Estado, quien solicitó al Tribunal Penal Primero de Control de San Juan de los Morros decretar Orden de Aprehensión contra el joven. En la Audiencia de Presentación, el Tribunal decretó su reclusión en el Internado Judicial "Los Pinos", en Guárico. Es decir, fue detenido arbitrariamente, sin pronunciamiento de la Fiscalía y del Tribunal, fue afirmada su autoría, imputado y acordada su reclusión, sobre la base de elementos que no constituyeron fundamentos para ello, ya que en ninguna etapa del proceso se presentaron elementos de convicción o pruebas que determinaran su responsabi- lidad.
En "Los Pinos", el joven fue agredido y amenazado de muerte por los internos, ante la pasividad de los funcionarios del penal, lo cual le produjo heridas en su cabeza y cuerpo. Gracias a la insistencia de sus padres y de la Fiscal 72 del Ministerio Público, fue trasladado al Internado Judicial de Apure. Por órdenes del Director de ese Penal, y ante la pasividad del médico encargado, fue ubicado en un espacio aislado, sin techo, con desagües cercanos, con un interno con Tuberculosis y sin acceso a medicamentos ni atención médica, lo cual deterioró considerablemente su estado de salud.
El único miembro del personal que lo atendió diligentemente en el Penal de Apure fue el Lic. en Enfermería Jesús Jiménez, quien notificó a la Coordinación Regional de VIH sobre el caso, pero los medicamentos solo fueron entregados a más de dos meses de su solicitud. Se concretó el traslado tardío al Hospital Pablo Acosta, donde fue atendido indigna y deficientemente.
Ante sus descompensaciones, médicos y enfermeras actuaron de manera negligente e irresponsable. En esta cadena de irregularidades, participaron funcionarios policiales y del Cicpc de Guárico, integrantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, de los internados judiciales de "Los Pinos" y de Apure, y algunos miembros del personal de salud del Hospital Pablo Acosta, quienes se valieron de la autoridad de sus cargos y contribuyeron, en mayor o menor medida, al fallecimiento del joven. Por ello, sus padres, acompañados de Acción Solidaria, presentaron las denuncias penales y disciplinarias correspondientes. Este relato deja en evidencia conductas que representan serias violaciones a derechos fundamentales, así como la garantía del debido proceso, y pone de manifiesto el proceder arbitrario e irresponsable, así como la desvalorización y el irrespeto hacia la dignidad y la vida humana. Ello es agravado porque los responsables fueron funcionarios, cuyo deber es servir a los ciudadanos y proteger su salud.
Deficiencias de los sistemas de salud y de justicia. El pasado 5 de marzo, un joven de 23 años y con VIH, falleció injustamente en el Hospital Pablo Acosta Ortiz de Apure, luego de un irregular proceso investigativo y judicial, que se inició con la privación ilegítima de su libertad, por funcionarios del Cicpc de Guárico, sin orden judicial ni flagrancia, y sin informarle claramente sus derechos y los motivos de su detención.
El caso fue remitido al Fiscal 12 de ese Estado, quien solicitó al Tribunal Penal Primero de Control de San Juan de los Morros decretar Orden de Aprehensión contra el joven. En la Audiencia de Presentación, el Tribunal decretó su reclusión en el Internado Judicial "Los Pinos", en Guárico. Es decir, fue detenido arbitrariamente, sin pronunciamiento de la Fiscalía y del Tribunal, fue afirmada su autoría, imputado y acordada su reclusión, sobre la base de elementos que no constituyeron fundamentos para ello, ya que en ninguna etapa del proceso se presentaron elementos de convicción o pruebas que determinaran su responsabi- lidad.
En "Los Pinos", el joven fue agredido y amenazado de muerte por los internos, ante la pasividad de los funcionarios del penal, lo cual le produjo heridas en su cabeza y cuerpo. Gracias a la insistencia de sus padres y de la Fiscal 72 del Ministerio Público, fue trasladado al Internado Judicial de Apure. Por órdenes del Director de ese Penal, y ante la pasividad del médico encargado, fue ubicado en un espacio aislado, sin techo, con desagües cercanos, con un interno con Tuberculosis y sin acceso a medicamentos ni atención médica, lo cual deterioró considerablemente su estado de salud.
El único miembro del personal que lo atendió diligentemente en el Penal de Apure fue el Lic. en Enfermería Jesús Jiménez, quien notificó a la Coordinación Regional de VIH sobre el caso, pero los medicamentos solo fueron entregados a más de dos meses de su solicitud. Se concretó el traslado tardío al Hospital Pablo Acosta, donde fue atendido indigna y deficientemente.
Ante sus descompensaciones, médicos y enfermeras actuaron de manera negligente e irresponsable. En esta cadena de irregularidades, participaron funcionarios policiales y del Cicpc de Guárico, integrantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, de los internados judiciales de "Los Pinos" y de Apure, y algunos miembros del personal de salud del Hospital Pablo Acosta, quienes se valieron de la autoridad de sus cargos y contribuyeron, en mayor o menor medida, al fallecimiento del joven. Por ello, sus padres, acompañados de Acción Solidaria, presentaron las denuncias penales y disciplinarias correspondientes. Este relato deja en evidencia conductas que representan serias violaciones a derechos fundamentales, así como la garantía del debido proceso, y pone de manifiesto el proceder arbitrario e irresponsable, así como la desvalorización y el irrespeto hacia la dignidad y la vida humana. Ello es agravado porque los responsables fueron funcionarios, cuyo deber es servir a los ciudadanos y proteger su salud.
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