Miguel Cardoza
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San Fernando de Apure
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Fernando, manifestó su desacuerdo con la resolución 129 del 24 de mayo pasado, emanada del Ministerio de Relaciones Interiores que contempla “la ocupación temporal y plena administración de los bienes muebles e inmuebles, bienhechurías y lotes de terreno” pertenecientes a 17 empresas localizadas en el Estado Táchira.
El gremio comercial, a través de un comunicado, dijo que la resolución ministerial contradice las garantías expropiatorias de rango constitucional que están previstas en el Artículo 115 de la carta magna que reza “se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las condiciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general”.
El texto de la cámara, resalta que en el mismo artículo están dictadas las pautas para tomar este tipo de medidas. “Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes” expresa el texto.
“Nuevamente se violan derechos ciudadanos y se comete el error ético de intentar hacer un bien causando perjuicios a la sociedad. La suspensión de operaciones de 17 empresas derrumba cualquier esfuerzo productivo, provoca desempleo y conduce a mayor pobreza” reza el comunicado.
Lamentan las trágicas consecuencias de la catástrofe por lluvias y se solidarizan con los seres humanos afectados. Pero consideran que se pudieron haberse evitado con una política de mantenimiento de la infraestructura y el reconocimiento que la descentralización de la acción pública es más eficaz.
Consideran que hubiese sido “mejor, más eficiente y más decente” contratar los servicios o llegar a un acuerdo de cooperación. Por lo tanto exigen diálogo y capacidad para intentar construir soluciones consensuadas, evitando el uso y el abuso de la fuerza.
“Este tipo de decisiones nos colocan en el trance siempre indeseado del uso abusivo de la autoridad frente a cualquier eventualidad que no sea fácilmente manejable” dice la cámara.
También se refirieron a la ocupación de los diez estacionamientos ubicados en la Av. Francisco Solano y los que la milicia tomó.
“No sabes si aquí en nuestro estado Apure podría suceder, ya que no estamos exentos de tal práctica. Esa es precisamente la ruta hacia un caos social que mil veces se ha venido advirtiendo” señala el documento.
Indican que el gobierno está enviando un mensaje claro y preciso que “no contribuye a la confianza y ratifica que no convalida por las vías de hecho los derechos de propiedad, que tienen rango constitucional.
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