¿ QUE PASA?

El Nacional

Después de tres años de la asignación de recursos, no se ven los trabajos del Parque Industrial Endógeno Antonio José de Sucre Agosto de 2006 era la fecha tope para la inauguración por el Gobierno del parque industrial Antonio José de Sucre, en Apure.

Transcurridos 3 años desde la asignación de los recursos (un total de 5.625.000 bolívares fuertes), en el municipio Biruaca de esa entidad sólo hay una maqueta y una valla publicitaria virtual, en la página web oficial de la alcaldía llanera (www.biruaca-apure.gob.ve), con las caras sonrientes del presidente Hugo Chávez, el gobernador de Apure, Jesús Aguilarte Gámez, y el alcalde Daniel Blanco. La Contraloría General dictaminó en octubre de 2008 que la Alcaldía de Biruaca tomó fondos asignados en el IV gabinete móvil regional y los destinó a “obras no previstas”, como formulación y elaboración del proyecto de construcción del urbanismo (168.750 bolívares fuertes), preparación de una valla (12.000 bolívares fuertes) y confección del proyecto de topografía y estudios de suelos (26.000 bolívares fuertes). “Los recursos estaban destinados exclusivamente a financiar la construcción del parque”, alertó la directora general de Control de Estados y Municipios, Marielba Jaua Milano, en la página 11 del informe definitivo del caso que ahora es investigado por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

El alcalde Blanco violó las leyes de Administración Financiera del Sector Público, y de la Contraloría General en el manejo del proyecto, que consistió en levantar una zona industrial de 34 parceles, en 16 hectáreas, para incentivar la producción agrícola.
“Desde agosto de 2005 a diciembre de 2007, no se destinó el total de los recursos a la construcción del Parque ni se ejecutó el presupuesto correctamente”, señala la Contraloría.

En total, se celebraron 6 contratos irregulares por un monto de 1.927.117,25 bolívares fuertes sin convocar a una licitación; no se solicitaron las fianzas de fiel cumplimiento; se pagó una valla que nunca fue colocada en el terreno, según comprobó la contraloría de Biruaca, y la empresa que haría los movimientos de tierra no tenía el personal ni los equipos para el trabajo