Miguel Cardoza
San Fernando de Apure
El trabajo de la Prensa sigue siendo limitado príncipalmente para acceder a las fuentes oficiales y mas que limitación se agrede a quienes intentan cubrir la noticia y no trabajn para los medios públicos.
Este Miércoles 4 equipos reporteriles sufrieron agresiones aunque no en gran magnitud física sí constituye una limitación al derecho al trabajo y el de los ciudadanos a estar informados.
Los hechos se suscitaron en Caracas y Cagua en todos involucrados funcionarios Militares y gubernamentales.
A las puertas del Minsterio de Agricultura y Tierras la Periodista Marianna Gómez de Globovisión su camarógrafo así como sus colegas de RCTV Internacional y el Canal I, fueron sacados a empujones e insultos de la sede de dicho Minsiterio donde un grupo de funcionarios impidieron el trabajo de la Prensa que se encontraba cubriendo la entrega de un documento de un grupo de estudiantes al Ministro Elías Jaua.
Sin poder tomar declaración oficial y culminar con su pauta fueron desalojados de manera violenta obstaculizando el trabajo periodístico.
El otra hecho se suscitó con la reportera Carmen Elisa Pecorrelli corresponsal de Globoisión en el estado Aragua quien cubría una manifestación que se iba realizar a la entrada de la hacienda El Tamarndo la cual fue intervenida y militarizada.
La situación irregular se inició cuando efectivos militares retuvieron a la Periodista y su camarógrafo obligandolos a entregar el material recopilado en el lugar de lo contrario no serían liberados.
En una llamada telefónica a la televisora de Noticias Pecorelli informó que al principio se negaron a entregar el material informativo pero fueron obligados además tenían que salir a cubrir la rueda de Prensa de los propietarios de la hacienda quienes se encontraban con un grupo de personas que pretendían manifestar su apoyo a las puertas de la hacienda la cual fue prohibida por los funcionarios castrenses.
Todos estos hechos ocurren a solo días de la condena al estado venezolano por parte de la Corte Interaméricana de Derechos Humanos por la impunidad en las garesiones a trabajadores de Globovisión y RCTV.
Co respecto e este tema es de destacar que el estado Venezolano aun no ha reconocido la sentencia de la maxima corte continental e incluso la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Luisa Estella Morales Lamuño desestimó la condena ya que considera que en la parte dispositiva "que es la que produce el mandato", no estipula que el estado venezolano debe cumplir con lo establecido en a sentencia.
Sin embargo a simple vista se lee claramente en la sentencia la obligación del estado a cumplir con la medida y a publicarla en Gaceta Oficial.
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