Este análisis lo escribí respondiendo a la solicitud de contexto sobre el tema, hecha por una estudiante de Comunicación Social de la Universidad Rómulo Gallegos.
Creí conveniente publicarlo.
El Estado y
gobierno son cosas distintas, sin embargo por el control absoluto en una sola
figura como eje del sistema político que hay actualmente en Venezuela, ese
concepto básico se ha tergiversado. Han fusionado ambas representaciones,
siendo un precedente nefasto para la sociedad en general.
Por ello, la
relación del Estado venezolano con los medios de comunicación privados ha sido
inhóspita, porque se ha querido -y en gran porcentaje se ha logrado- implantar
la llamada hegemonía comunicacional, que no es otra cosa que el control total
de los medios radioeléctricos, electrónicos e impresos, algo parecido a que
haya una sola voz sobre los diversos temas de interés nacional. Juntaron
Estado-gobierno-partido.
Algunos creyeron
alarmista el gran repudio por el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV),
pero considero que ese fue el golpe más fuerte que dio inicio a la fase más opresora
contra los medios, porque no es solo el tema legal de la concesión, confluyen
otros factores como la intimidación por la línea editorial. El cierre generó
miedo a todos los dueños de medios.
Aún justificando
–que sería absurdo- la no renovación de la licencia, la simple acción dejó un
mensaje para que se implantara la autocensura en el país, ¿por qué?, porque el
gobierno usa a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para
reeditar ese mensaje diariamente.
Más del 80% de
las emisoras de radio tienen la concesión vencida, según datos que dio
recientemente la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, pero no es porque
los propietarios de las radio lo quieran así, sino porque el ente regulador no
le tramita los permisos a tiempo, sumado a ello, si tienen la licencia expirada
los mantienen amenazados con no revelar información crítica u opiniones, sino
les despojan no solo de la señal sino de los equipos.
Dos ejemplos
básicos ocurridos en la región llanera. A Radios Morros 89.7 FM, en febrero de
2015 llegaron funcionarios de Conatel, los sacaron del aire y les llevaron sus
equipos, sin ningún otro tipo de procedimiento. Otro caso, menos conocido aún,
el ocurrido en Radio Mantecal 90.7 FM, municipio Muñoz del estado Apure;
sacaron del aire al moderador José Luis Zapata porque en su programa musical
eventualmente realizaba entrevistas y los comentarios que algunos dirigentes
emitieron a los gobernantes no le gustaron, por ello llamaron al director de la
emisora y le dijeron que sino cancelaba el programa se procedería al cierre o
sanción de la estación.
Ejemplos como
esos hay decenas. ¿Qué ha provocado esto? La autocensura generalizada en
noticieros e incluso en programas de variedades, donde cualquier tema incómodo al poder es ignorado totalmente,
situación que es triste, lamentable y trágica para la libertad de expresión en
Venezuela.
Pareciera ser una
política de Estado intimidar a los medios de comunicación comerciales y
privados para que solo predominen las “noticias” divulgadas por radios,
televisoras y periódicos oficialistas, donde ni por error se cuestiona a las
autoridades, que no es un empeño del periodismo independiente, sino que como
responsables del manejo del país tienen que estar sujetos al escrutinio público
porque nos deben cuentas a todos, más aún con esta crisis generalizada que vive
la nación.
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