miércoles, 23 de septiembre de 2015

En 8 meses las Farc entregarían las armas

Miguel Cardoza

San Fernando de Apure

Desde la tarde del martes había expectativa sobre los anuncios que se darían en La Habana, que pese a ser un tema otra nación tiene mucho que ver con Venezuela y particularmente con el estado Apure, por la vinculación geográfica con Colombia, además una delegación nacional sirvió de mediadora.
A finales de la tarde del miércoles llegó el anuncio. Máximo en 6 meses, es decir en marzo, se firmaría el acuerdo general de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Se definió la creación de las salas de justicia y un Tribunal Especial que conformarán magistrados colombianos y juristas extranjeros, aunque con una participación minoritaria.
Los integrantes del Estado Mayor de las Farc no necesariamente pagarán condenas de cárcel. Hay términos intermedios, de acuerdo al reconocimiento y otros aspectos.
Durante el pronunciamiento en la capital cubana, que sirvió de lobby para el estrechón de manos entre Timoléon Jiménez, alias “Timochenko”, y Juan Manuel Santos; se dijo que la intención de la instancia judicial es “obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas, juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición”.
El Estado será flexible en cuanto a la amnistía por delitos políticos y relacionados. Esas infracciones conexas que serán castigadas y en qué dimensión se harán las determinará la Ley de Amnistía, la cual no será utilizada para delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, como secuestro, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y toma de rehenes. La norma especial también juzgará a los agentes del Estado involucrados en el conflicto.
Las Farc en política
Los líderes guerrilleros han expresado su intención de incursionar en política y el Gobierno ha dado la bienvenida a esa propuesta, que “luchen” desde los partidos, pero para ello deben dejar totalmente las armas, lo cual se debería concretar, según los lapsos estipulados, aproximadamente para el mes de mayo, dos meses después de la firma del acuerdo final de paz.
La condena
Para quienes reconozcan delitos de lesa humanidad se establecen penas que van desde los 5 a los 8 años, de restricción efectiva de libertad en condiciones ordinarias. De querer acceder a una pena alternativa, el beneficiario deberá comprometerse con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad.
Quienes no reconozcan la responsabilidad en delitos graves y resulten culpables tras las investigaciones debidas incurrirán en una pena de prisión de hasta 20 años en condiciones ordinarias, reseñó el periódico El Espectador.
Fundamentalmente, el acuerdo señala que todo tratamiento especial está condicionado a la verdad plena, la reparación de las víctimas y la garantía de la no repetición de los delitos cometidos.

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