Miguel Cardoza
San Fernando de Apure
Desde la tarde del martes había expectativa sobre los anuncios que se darían en
La Habana, que pese a ser un tema otra nación tiene mucho que ver con Venezuela
y particularmente con el estado Apure, por la vinculación geográfica con
Colombia, además una delegación nacional sirvió de mediadora.
A finales de la tarde del miércoles llegó el anuncio. Máximo
en 6 meses, es decir en marzo, se firmaría el acuerdo general de paz entre el
Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Se definió la creación de las salas de justicia y un
Tribunal Especial que conformarán magistrados colombianos y juristas
extranjeros, aunque con una participación minoritaria.
Los integrantes del Estado Mayor de las Farc no
necesariamente pagarán condenas de cárcel. Hay términos intermedios, de acuerdo
al reconocimiento y otros aspectos.
Durante el pronunciamiento en la capital cubana, que sirvió
de lobby para el estrechón de manos entre Timoléon Jiménez, alias “Timochenko”,
y Juan Manuel Santos; se dijo que la intención de la instancia judicial es “obtener
verdad, contribuir a la reparación de las víctimas, juzgar e imponer sanciones
a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado,
particularmente los más graves y representativos, garantizando la no
repetición”.
El Estado será flexible en cuanto a la amnistía por delitos
políticos y relacionados. Esas infracciones conexas que serán castigadas y en
qué dimensión se harán las determinará la Ley de Amnistía, la cual no será
utilizada para delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, como
secuestro, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales,
violencia sexual y toma de rehenes. La norma especial también juzgará a los
agentes del Estado involucrados en el conflicto.
Las Farc en política
Los líderes guerrilleros han expresado su intención de
incursionar en política y el Gobierno ha dado la bienvenida a esa propuesta,
que “luchen” desde los partidos, pero para ello deben dejar totalmente las
armas, lo cual se debería concretar, según los lapsos estipulados,
aproximadamente para el mes de mayo, dos meses después de la firma del acuerdo
final de paz.
La condena
Para quienes reconozcan delitos de lesa humanidad se
establecen penas que van desde los 5 a los 8 años, de restricción efectiva de
libertad en condiciones ordinarias. De querer acceder a una pena alternativa,
el beneficiario deberá comprometerse con su resocialización a través del
trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la
libertad.
Quienes no reconozcan la responsabilidad en delitos graves y
resulten culpables tras las investigaciones debidas incurrirán en una pena de
prisión de hasta 20 años en condiciones ordinarias, reseñó el periódico El
Espectador.
Fundamentalmente, el acuerdo señala que todo tratamiento
especial está condicionado a la verdad plena, la reparación de las víctimas y
la garantía de la no repetición de los delitos cometidos.
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