Miguel Cardoza
@MiguelCardoza
San Fernando de Apure
El Ministerio Público oficializó la imputación
realizada a Edgard Rondón, jefe del programa Alimentario Escolar en la escuela
Simón Bolívar ubicada en el barrio Jaime Lusinchi, y a los obreros Israel
Mirabal y Carmen Solórzano. Autorizados por el plantel y con conocimiento de
los vecinos llevaban los productos a dos casas donde resguardan los rubros
debido a que en la institución no hay equipos ni seguridad para dejarlos allí.
Familiares y vecinos protestaron este lunes a las
puertas de la institución solicitando que se les brinde apoyo para solicitar
justicia y sean liberados, ya que acusaron de negligentes a la Zona Educativa
por el poco apoyo brindado.
“Me
parece injusto que una persona trasparente y que se esmera por el resguardo de
la alimentación de todos los niños esté detenida. Están todos los rubros pero
el espacio que hay no es suficiente para la cantidad de alimentos que mandaron
ese día. Enviaron 945 kilos de pollos
(…) La comida está dañándose y es triste que hayan dicho que no se había bajado
el alimento (…) en transporte la escuela tiene que pagar mil bolívares semanal
al camión. ¿Tendrá la escuela ese dinero semanal para trasladarlos?”, se
preguntó
Señaló
que “por un olvido no cargaban el acta, pero desde hace 3 o 4 años hay actas
firmadas por la directora, subdirectora, la comunidad y todos tenían
conocimiento”. Le extraña, sorprende y lamenta que la subdirectora ahora diga
que no tenía conocimiento cuando hay múltiples actas firmadas por ella.
“Es
inaudito que tres personas inocentes que estaban laborando honradamente les
pase esto. Lo más extraño es que al ser detenidos media hora más tarde el caso pasó
a fiscalía. A ellos se les han violado todos sus derechos, no tuvieron la
oportunidad de presentar ni un abogado, porque sólo con presentar las actas ya
ellos deberían estar libres. Nunca se llamó a declarar a la directora”,
cuestionó Mirabal quien viajó desde Mérida para apoyar a su hermano, quien es
un obrero.
Resaltó
que “están cometiendo una injusticia”. La comunidad conoce los detenidos y
manifestaron estar sorprendidos por la medida tomada. “Qué pregunten quienes
son y verifiquen qué referencias les van a dar”, comentó Mirabal. Entendió que
comenzaran a laborar por orden del Ministerio de Educación, sin embargo, dijo
que era inadecuado iniciar clases cuando tres trabajadores están encarcelados
sin haber cometido delito. “Qué impotencia. Qué dolor!”, exclamó Paula Mirabal.
Nadie
puede ver a los detenidos
La ciudadana Noris Benaventa dijo que no podía
callarse ante la situación. Criticó que les estén dando trato de delincuentes
no permitiéndoles ni visitas de hijos o familiares. Dijo que ha habido negligencia
en el caso. “El gobierno debe darse cuenta es de los que roban, distribuyen
drogas en Apure, eso es vox populix, pero a esos los agarran y rápido los
liberan”, comentó la vecina y tía de la propietaria de la casa que era prestada
para guardar los alimentos.
Benaventa denunció que “antes de detener inocente
ocúpense de la escuela que se roban todos los artículos porque no hay
seguridad, además no cuentan con pupitre, pintura, no sirve nada y eso si no ve
el gobierno”. Calificó de “injustificable” que estos padres de familia estén
privados de libertad “por resguardar el alimento para los niños”.
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