Miguel Cardoza
@MiguelCardoza
San Fernando de Apure
Tras
la separación de la presidenta del Instituto de Salud del estado Apure, María
Eugenia Colmenares, por motivos de embarazo, comenzaron a filtrarse
informaciones que posteriormente dieron pie a que se conocieran presuntas
irregularidades en el manejo de recursos en diferentes direcciones de esta
instancia adscrita al gobierno regional.
Según
se les anunció a los trabajadores de manera informal habría desaparecido
recursos, denuncian gremialistas. Empleados comenzaron a investigar, porque
hasta ahora en el Ministerio Público las autoridades regionales que tienen la
información de primera mano no han acudido a consignar ninguna denuncia.
Una
de las (varias) presuntas irregularidades que existirían se evidencia al
analizar el número de trabajadores en nómina. En un mes incluyeron 299
trabajadores constató el Sindicato Único de Trabajadores de la Salud. Una de las
interrogantes es por qué se anexó esa cantidad en poco tiempo.
“El
primer trimestre fue ejecutado sin ningún problema (…) afectó la partida 401
(nómina) fue el incremento de 299 trabajadores con grado de supervisores y con
bono nocturno. Eso aumenta el presupuesto más de 500 millones de bolívares en
cada pago”, comentó Gerónimo Cavanerio, secretario general del Sindicato Único
de Trabajadores de la Salud, indicando que la cancelación para cada uno supera
los 7 mil bolívares. Cuestionó que perciben un bono no correspondiente ya que
trabajan durante el día “pero por amiguismo político llegan como jefes”.
Por
otra parte, lo asignado en principio por la Ley de Presupuesto para el primer
trimestre fue de 429.790.565 bs, que ya fue ejecutado, explicó el denunciante quien
resaltó que hubo un segundo crédito adicional
el 24 de febrero por un monto de 532 millones 270 mil 231 bolívares.
“Este
recurso todavía reposa en las arcas del Ministerio y pasó a la Oficina Nacional
de Presupuesto. Significa que el administrador y la planificadora de la
institución tienen que hacerle seguimiento a estas órdenes, porque no es el
estado Apure nada más que está sufriendo las consecuencias por el retraso en el
pago de cláusulas (…) nosotros no estamos a favor del que se fue ni del que se
quedó, sólo actuamos de manera legal”, expresó Cavanerio.
De
igual forma, según consta en el oficio Nº 0804 del 31 de marzo, membretado por
el Ministerio de la Salud en Caracas y dirigido a la autoridad del área en el
estado Apure, consta la aprobación del de 4 millones 992 mil 493 bolívares
producto de un recurso adicional aprobado al referido despacho para cumplir con
la segunda porción del incremento del 10% de salario mínimo garantizado hasta
el mes de septiembre este aumento, por lo que los trabajadores exigen que se
les cumpla. Por otra parte, Cavanerio anunció que iniciarán la conformación de
un equipo que se trasladarán a Caracas para exigir respuesta.
El
luchador social José Antonio Gómez, señaló que no sólo existe un retraso en el
pago, sino “una deuda social con el pueblo en general que no puede ir a una
clínica y se encuentra en centros de salud público con las enfermeras y médicos
con las manos atadas porque no hay insumos en los hospitales, están en
deplorables condiciones, el personal duerme en el piso,”.
Cuestionó
que los 10 ambulatorios urbanos y 111 rurales establecidos en el estado estén
en el olvido, además rechazó que se haya abultado la nómina por dar beneficios
políticos, sin importarle que no se les pague a los trabajadores con años de
servicio. Exigió una investigación.
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