Miguel Cardoza
Twitter: @MiguelCardoza
San Fernando de Apure
La
libertad de expresión continúa siendo un tema ampliamente discutido en
Venezuela al igual que la libertad de prensa que en los últimos años se ha
visto coartada. El trabajo periodístico siempre va generar polémica debido a
que serán afectados los intereses de quienes son confrontados por la ciudadanía
a través de informaciones, por no ejercer sus funciones como corresponde, sin
embargo, la situación ha pasado más allá de los normales cuestionamientos a
arremetidas sin justificación.
En
Apure no se han presentado un balance de hechos que hayan incidido contra el
trabajo de los comunicadores durante 2013 y algunos no se han denunciado
formalmente, no obstante, sí hay denuncias que han trascendido a la opinión
pública.
Uno
de los más destacados hechos contra reporteros en el estado, en cuanto a
agresiones físicas, se registraron en Guasdualito. Ocurrió el pasado 29 de
octubre en el sector Limoncito de la capital del Distrito Alto Apure cuando un
equipo periodístico de HCTV, encabezado por Karolina Olivo y su camarógrafo, fueron
golpeados por integrantes de la Corriente Bolívar y Zamora porque cubrían una
caminata de la oposición. La cámara quedó con severos daños.
Previamente
el 23 de julio un equipo reporteril de Radio Fe y Alegría fue despojado repentinamente
de una tablet que utilizaban para grabar en medio de una situación irregular
que se presentó tras la protesta de vecinos de Palmarito, quienes cerraron la
carretera en la entrada de Guasdualito por el precario estado de la vía hacia
su población. El equipo fue lanzado al asfalto y destruido por lo que la alcaldía
de Páez tuvo que reponer el dinero, en vista de que trabajadores del
ayuntamiento fueron quienes perpetraron la acción violenta.
En
San Fernando se presentaron incidentes con periodistas principalmente en el
Hospital Pablo Acosta Ortiz, donde rige desde hace más de dos años una Junta
Interventora que dirige el coronel Ángel Jiménez. El pasado mes de junio el
Colegio Nacional de Periodistas emitió un comunicado rechazando las agresiones
sufridas por los licenciados Alexander Medina, Eduardo Galindo y Susana Pérez al
momento de ejercer su trabajo en diferentes hechos, aunque hubo un comunicado
conjunto para fijar posición al respecto debido a que fueron varias agresiones
en diferentes fechas a lo largo del primer semestre.
Otro
de los hechos no reportados oficialmente pero que también revisten una censura
indirecta, aunque se tomen como fortuitos, son las amenazas vía mensajería de
texto y redes sociales que han recibido Alexander Medina, Eduardo Galindo y
quien suscribe esta nota. Ello no implica que por este tipo de intimidaciones
los comunicadores cedan en su trabajo pero demuestra la actitud de un pequeño
grupo de individuos que quiere amedrentar, aunque no logran su objetivo.
Al
igual que en diferentes estados ha radicado en la ausencia de fuente oficial
para dar información sobre hechos relevantes. A excepción del CICPC, los
organismos de seguridad no convocan a ruedas de prensa y recurrentemente se
niegan a dar información de utilidad para los lectores, oyentes y/o
televidentes.
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