Provea acusa al gobierno de ser cómplice de la impunidad y considera que el gobernador de Guárico debería estar enjuiciado

Miguel Cardoza

Twitter: @MiguelCardoza

San Fernando de Apure

Wolmer Pinilla y José Augusto Áreas, son sobrevivientes de la masacre de El Ampaaro, ocurrida el 29 de octubre de 1988. Ellos se entrevistaron una vez más con representantes de Provea.

“Este 25 aniversario representa la posibilidad de revisar el cumplimiento de los acuerdos del Estado Venezolano en función a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado a darle a las víctimas y familiares una indemnización producto de estos hechos”, expresó María Esperanza Hermidas, coordinadora de Exigibilidad del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), área encargada de la defensa administrativa y judicial de las víctimas y los procesos de capacitación y formación en DDHH.

Este hecho fue el primero conocido por Provea ya que esta organización fue creada 15 días antes del suceso. Lo llevaron ante la CIDH y hubo una decisión a favor de las víctimas sin embargo, aún no hay justicia. “Fue una indemnización en 1996 de 750 mil dólares que se distribuyeron entre 31 personas que forman parte de familiares de víctimas del proceso”, recordó.

Las víctimas siguen reclamando justicia ya que nunca se ha impuesto sanción de naturaleza penal por dicho crimen de les humanidad. “Estamos acompañando la solicitud al Gobierno Nacional la reapertura del juicio basados en la Ley para la persecución y sanción de los crímenes cometidos entre 1958 y 1998. La masacre de El Amparo entra en ese periodo y no prescribe según nuestra constitución y las normas internacionales”, expresó.

Denunció que el gobierno actúa con complicidad e impunidad, “porque una de las personas principales involucradas como autores intelectuales es quien era Capitán de Navío y hoy día es el gobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, quien fue diputado y Ministro de Relaciones Interiores”. Considera que es una de las principales personas que debería estar siendo sometido a juicio penal.

Alianza con Fetrapure

Estas declaraciones se produjeron durante una reunión con el Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores del estado Apure, con el fin de concretar una alianza para que hagan acompañamiento a los trabajadores en función de la defensa de los DDHH colectivos de los trabajadores como el derecho a la huelga, contratación colectiva, sindicalización y libertad sindical.

Este convenio forma parte de un proceso de fortalecimiento de relaciones en el campo de los derechos laborales. Se propuso un plan de trabajo para la capacitación de los dirigentes sindicales en la defensa de sus derechos.