Miguel Cardoza
Twitter: @MiguelCardoza
San Fernando de Apure
En
el año 2008 se denunció ante la Fiscalía General de la República, las presuntas
irregularidades ocurridas en la gobernación, con ocasión de los Contratos
suscritos para la construcción de los tramos de la carretera Troncal 19;
Mantecal – El Samán, El Samán – Achaguas y Achaguas – Biruaca. Esta investigación penal está signada bajo el
número 04-F10-0062-06.
“El
exgobernador Jesús Aguilarte se valió de un decreto de Estado de Emergencia por
Calamidad Pública que nunca existió… no se celebró esa tal sesión para
aprobarle a Aguilarte eso”, recordó el abogado Wilmer Fernández, considerando
que habría marcado la diferencia el retardo procesal o la impunidad en este
caso.
Fernández,
quien se identifica con los ideales del expresidente Hugo Chávez y aplaude la
iniciativa de Nicolás Maduro de luchar contra la corrupción, señaló la presunta
responsabilidad también de algunos diputados y otras personalidades. “Para ese
entonces estaba el amigo Ronny Gutiérrez como jefe de personal y no se como
aparece un acta, que supuestamente fue forjada y aparece firmándola él dándole
luz verde al Capitán Aguilarte para que cometiera presuntos hechos de
corrupción”, dijo.
Agregó
que supone que el caso está engavetado, mostrando la primera citación a
Gutiérrez recibida el 23 de octubre de 2008 a las 5:00 de la tarde, para que
compareciera en calidad de imputado ante la Fiscalía del Ministerio Público con
sede en San Fernando de Apure el 01 de diciembre de 2008 a las 2:30 de la
tarde.
“Lo
que no se puede entender es que desde octubre de 2008 hay un oficio N°
04-F10-01318-08 al ciudadano Ronny Gutiérrez donde se le llama para que
comparezca y sea imputado. Tengo entendido que Ronny Gutiérrez ha ido (…) pero
es el Ministerio Público que no lo quiere imputar, quien presuntamente ha
escondido esta denuncia y juega con la impunidad, es el Ministerio Público el
garante de la acción penal quien presuntamente no hace nada”, expresó
Fernández.
Agregó
que acerca de este caso tuvo conocimiento hasta la Comisión de Contraloría de
la Asamblea Nacional, por lo que le sorprende que aún no haya imputación.
Estimó que si el caso salpicara a un ciudadano de escasos recursos la situación
sería distinta.
Pidió
a la Fiscal Décima, que luche contra la Corrupción. Comentó que el pasado lunes
conversó con la funcionaria encargada de este despacho y “ella dice que no sabe
absolutamente nada”. Calificó como “peligrosa y dolorosa” esta situación.
DATOS
-
Según consta en el oficio DS-12-22401-, emanado
del despacho de la Vicefiscalía General de la República, el 13 de agosto de
2008, se le informó al ciudadano Francisco Rodríguez Castro (uno de los
denunciantes), que los recaudos de su denuncia, que consignó ante dicha
instancia, fueron remitidos a la Fiscalía Décima del Ministerio Público de la
Circunscripción Judicial del estado Apure para ser manejados conjunta o
separadamente con la Fiscalía Décima a nivel Nacional con Competencia Plena.
También solicitaron “impartir la debida celeridad en el presente caso, con el
objeto de determinar el acto conclusivo que haya lugar”.
-
Fernández recordó que luego de la tercera citación
sin que el citado acuda se llevaría al MP con un mandato de conducción
-
El denunciante indicó que el presunto daño
patrimonial fue de aproximadamente 150 millardos (no bolívares fuertes)
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