Miguel Cardoza
Twitter: @MiguelCardoza
San Fernando de Apure
Hasta este sábado 21 de septiembre se
mantendrá activo en Apure el Plan Cayapa Judicial, con el objetivo de conocer
de diferentes casos con el fin de acelerarlos y eliminar el retardo procesal.
Esta jornada inició el pasado martes, iniciado por la Ministra del Poder
Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela.
Un equipo conformado por defensores
públicos, jueces, fiscales, especialistas en el área de salud y
funcionarios del referido ministerio, encabezados por la, viceministra de
los Asuntos Sociales, Marielys Valdez, cumplirán hoy su cuarto día del plan en el Internado
Judicial de San Fernando de Apure.
Exámenes psicosociales, ubicación de los
expedientes y ejecución de actas y otorgamiento de las medidas correspondientes por la ley a
través de los circuitos penales, son los pasos que se cumplen, de acuerdo al
análisis minucioso de cada caso.
Según datos del Ministerio del Poder Popular para los
Servicios Penitenciario hasta la fecha se ha atendido un 60% de la población
del mencionado centro de reclusión. “La población del internado judicial de Apure es una población pequeña y
controlada, conformada por 727 privados y privadas de libertad”, dijo la
viceministra.
Según Valdez, la mayoría de la población se encuentra procesada a diferencia de otros
centros donde la mayoría se encuentran penados. “Los tribunales de esta entidad
federal, son de los pocos que hemos conseguido en Venezuela con bajo
nivel de retardo procesal”, consideró
la funcionaria.
En las afueras del Internado Judicial los familiares de
los reclusos pueden recibir la asesoría de funcionarios públicos brindándoles
atención directa. La información oficial da cuenta que los privados de libertad
de la entidad cuentan con uniforme, artículos de limpieza personal, pase
de número diario y cumplen con sus respectivas jornadas de trabajo
y estudio.
También se han implementado actividades
socioproductivas, la creación de una panadería y el mantenimiento de la
cochinera. Existe el proyecto de la bloquera donde los propios privados de
libertad desean colaborar con la Misión Vivienda.
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