jueves, 25 de abril de 2013

Fiscal General inauguró Fiscalía Municipal Primera del estado Apure

Texto: Prensa Fiscalía

Foto: Miguel Cardoza
Twitter: @MiguelCardoza

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, inauguró este jueves 25 de abril la Fiscalía Municipal Primera del estado Apure, con el propósito de fortalecer el proceso de municipalización de la justicia que viene impulsando la institución desde el año 2008.
Este despacho tiene competencia en las parroquias San Fernando, El Recreo, Peñalver y San Rafael, está ubicado al final del Paseo Libertador de San Fernando de Apure y atenderá a 174 mil habitantes.
Durante el acto de inauguración, Ortega Díaz señaló que ha sido un gran acierto la siembra de fiscalías municipales por todo el país, pues se ha hecho un acompañamiento a las comunidades.
En ese sentido, informó que con esta inauguración la institución cuenta con 25 despachos fiscales municipales a escala nacional.
De igual manera, destacó la importancia de la participación de la comunidad organizada para trabajar conjuntamente con el Ministerio Público en la prevención del delito y la disminución de la violencia.
La Fiscal General recalcó que en este trabajo deben involucrarse todas las instituciones del Estado y así darle una respuesta oportuna al pueblo venezolano, pues la municipalización de la justicia forma parte del Plan de la Nación 2013-2019, así como de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela.
Resaltó que este nuevo despacho municipal contará con profesionales que atenderán de forma integral los conflictos sociales, pues señaló que detrás de todo delito hay un profundo conflicto social.
Por tal motivo, la Fiscal General destacó la importancia de que los habitantes de las mencionadas parroquias de San Fernando de Apure, se incorporen a los programas sociales del Ministerio Público, a través de la Dirección de Gestión Social, entre los que se destacan talleres, conferencias y charlas.
Finalmente, Ortega Díaz explicó que las fiscalías municipales además de investigar los hechos punibles, cuyas penas no excedan los tres años, tienen la función de orientar a los ciudadanos a fin de prevenir la violencia en las comunidades.

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