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San Fernando de Apure
El Comando Intersindical del Magisterio que
agrupa a los gremios docentes del estado Apure, se reunió ese martes con el fin
de acordar las acciones jurisdiccionales pacíficas para presionar al ejecutivo
en la firma del contrato colectivo y el cumplimiento de algunos beneficios
contractuales.
“Se trató de una mesa directiva buscando los mecanismos
expeditos que faciliten la inmediata celebración de la convención colectiva del
magisterio (…) la exigencia es que el gobierno se siente a dialogar y busque
los mecanismos para responder a esta situación porque seguimos en condición de
minusvalía”, expresó el profesor José Martín Paredes, coordinador del Comando
Intersindical del Magisterio.
Agregó que la situación actual de los
educadores es “ilegal e inconstitucional” debido a que debería haber igualdad
en el salario de docentes nacionales y regionales. “Nuestras convenciones
colectivas suscritas en años anteriores nos garantizan el derecho de percibir
los mismos ingresos, incrementos y beneficios sociales, económicos, académicos
sindicales del magisterio venezolano, son derechos adquiridos por los maestros
de la gobernación del estado Apure y no los estamos percibiendo”, manifestó.
Pese a que han permanecido insistiendo y
agotando las vías correspondientes añadió que aún quedan “muchas” instancias
por acudir. “Quedan muchas vías todas dentro del marco de la constitución y la
Ley Orgánica del Trabajo que garantiza al
colectivo laboral toda una serie de derechos (…) el trabajo es un hechos social
y debe ser el mismo gobierno el más interesado en darle cumplimiento a las
estipulaciones de la nueva LOTT”, dijo.
Afrimó que la principal conquista sería
encontrar un interlocutor que logre una mesa de dialogo entre el patrono y los
gremialistas. “No lo pueden hacer ellos ni nosotros de forma unilateral” dijo.
Recordó que el último contrato colectivo validado y depositado se suscribió el
13 de diciembre del año 2000, por lo tanto el salario sigue rezagado con
respecto al de los maestros nacionales.
Finalmente, Paredes aclaró que el pliego de
peticiones que introducirían ante la inspectoría del trabajo debería ser
revisado debido a que cuando se realizó la asamblea donde se acordó esta medida
estaba la transición de la vieja a la nueva Ley del Trabajo.
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