Miguel Cardoza
Twitter: @MiguelCardoza
San Fernando de Apure
Un
grupo de casi 200 trabajadores fijos y jubilados de la alcaldía del
municipio San Fernando, quienes agotados de solo escuchar promesas que no cumple su patrono, demandaron judicialmente
el cumplimiento de dicho contrato colectivo ante el Tribunal Superior en lo
Civil (bienes) y Contencioso del estado Apure, en vista de que el Alcalde se
encuentra en mora absoluta con la masa trabajadora frente a la II convención colectiva de los
empleados públicos municipales.
Así
lo informó el Dr. Elías Ascanio, representante judicial de la masa trabajadora,
quien comentó que “el burgomaestre a pesar de promulgar a viva voz ser
socialista y revolucionario niega asumir su responsabilidad frente a esta
numerosa cantidad de padres y madres de familia dependientes de este centro de
trabajo, a sabiendas que es su obligación plasmada en esta convención colectiva
de trabajo”.
Ascanio,
asegura que no todo queda en el
incumplimiento reiterado con respecto a estos pasivos laborales, sino que
también presume, (con base a las contestaciones de las querellas funcionariales
hechas por la representación judicial del municipio), que el alcalde giró
ordenes expresas a sus abogados a desconocer el derecho que tiene cada
trabajador a exigir jurisdiccionalmente sus derechos y beneficios de índole
laboral. “Demostrando el alcalde John Guerra su desconocimiento respecto de la
función social y el carácter garantista que nuestro legislador le imprimió al trabajo
y sus repercusiones laborales, al derecho que tienen los trabajadores a que se les respete sus Contratos Colectivos
de trabajo, a la obligación de todo patrono a cumplir con esos contratos con la
masa trabajadora, plasmado en nuestra Constitución de la Republica Bolivariana
de Venezuela y demás leyes que rigen la materia”, dijo.
El
profesional del derecho, resaltó que esas “tácticas dilatorias y distractoras”
implementadas por los apoderados del mandatario capitalino “no surten ningún
efecto legal en el resultado final de estas demandas o querellas funcionariales”,
ya que asegura confiar en el sistema de justicia y en la imparcialidad de los
jueces, que con la recta y sana aplicación de justicia “habrán sentencias
favorables a los trabajadores y trabajadoras demandantes”.
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