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San Fernando de Apure
El 26 de agosto, se llevó a cabo un foro sobre los efectos, aplicación y detalles de la Ley de Costos y Precios Justos, auspiciado por la Cámara de Comercio de San Fernando, con el fin de que los comerciantes y el público en general tenga conocimiento acerca de este instrumento legal.
Los ponentes de esta actividad fueron, el economista, Efraín Yadala, el profesor Oscar Guaitero y la Dra. Carmen Jiménez, quienes explicaron las implicaciones de la norma a los presentes en el acto.
El presidente del gremio comercial, Vito Vinceslao, informó que las principales conclusiones desde el punto de vista legal fue solicitar un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo de Justicia para que pedir que se anule esta norma. Asimismo consideraron que “es una ley represiva que viola los derechos económicos y fundamentales consagrados en la constitución”.
Explicó que luego de entrar en vigencia se creará la Comisión de Precios Justos, la cual tendrá un reglamento y que establece “que todos los que se dediquen a alguna actividad deben inscribirse ante la comisión para que el estado pueda tener un control”. Considera que es un control más, que no disminuye la especulación sino que lo fomenta, además genera que aumente el acaparamiento, boicot”.
Por su parte, el economista Efraín Yadala, expresó que este instrumento afectará negativamente sobre la economía, incluyendo las grandes y pequeñas empresas además sobre el consumidor final. “Se va generar una escasez de productos, bienes y servicios… tendrá un alto grado represivo sobre el aparato productivo del país, porque querrán controlar la estructura de costo e ingresos de las empresas”. Recordó que una medida similar en el gobierno de Luís Herrera y fracasó.
Afirmó que pretenden crear una “regulación a su máxima expresión”. Indicó que el precio las multas serán 15 salarios mínimos y hacerse un cierre temporal o lo más delicado, una ocupación temporal.
Aclaró que estas sanciones se aplicarán cuando el ejecutivo asegure que hay especulación o que las empresas no estén registradas en la comisión encargada de la inscripción de los comerciantes y empresarios, por lo que agregó “es una alcabala más”.
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