Bofil Torres: “Irán presos los que resulten responsables por hechos de corrupción”

Miguel Cardoza
Twitter: @MiguelCardoza
San Fernando de Apure

Luego de haber acudido a consignar documentos ante la Superintendencia Nacional de Caja de Ahorros el 06 de junio pasado, (signado con el numero 005344; a El Ministerio de Planificación y Finanzas, la misma fecha, registrado con el número correlativo 248.855; y la Gobernación del estado el 14-06-11; el profesor Bofil Torres, exigió que se investiguen presuntas irregularidades en la Caja de Ahorros del Personal del Ejecutivo regional.

Una de las presuntas irregularidades consiste en “la reforma de los estatutos de la caja de ahorros”. Explicó que la “ilegalidad” se presenta, según Torres, ya que la asamblea donde se produjo dicha reforma, el pasado 08 de junio,  debió convocarse el 31 de marzo; legalmente existe una prorroga de 45 días para presentar estados de cuentas e inversiones ante la superintendencia, (no para realizar la asamblea), sin embargo en ese lapso tampoco se hizo. “Cuando se hace una asamblea fuera de los lapsos es ilegal” acotó.

Denunció que en la referida Asamblea “eliminaron la figura contralora que ejercía un representante del Ejecutivo regional (…) en los estatutos antes de ser reformados ese contralor tenía facultad para solicitar auditoría” expresó.

Indicó que desde octubre del año 2008 no se conocen resultados de la auditoría que se realizó a la gestión anterior y de la actual no se conoce ninguna. Aseguró que en dicho acto se ordenó suspender las compras porque podría generar problemas de capital. Afirmó que aunque desde la gestión pasada se efectuó esta recomendación, considera que “en la actualidad están repitiendo los mismos errores… y peores… Instamos a que se saque la auditoría desde que el, (presidente del consejo de administración), asumió”.

LAS DENUNCIAS

Torres informó que una docente del alto Apure, a quien preferimos mantener su nombre en anonimato, denunció que se les vendió un equipo de línea blanca por encima del costo, incluso, mas elevado que en el mercado local. Según el gremialista habría otros casos similares.

Asimismo el dirigente sindical explicó que el Gobierno regional restituyó el seguro funerario, aún así la Caja de Ahorros decidió descontarle 30 bs a cada uno de los 11.000 trabajadores que tiene la institución. Enfatiza que si ya el ejecutivo realiza una deducción para este beneficio no se debe hacer otra; mostró como ejemplo el sindicato que dirige, Sutepps; previo a la restitución del seguro hacían el descuento de 20 Bs pero posterior a la medida suspendieron el descuento.

Rechazó que aumente la burocracia, representada en el incremento de la nómina del personal administrativo. Se creó el departamento de asesoría jurídica, aumentando los trabajadores en esa área, anteriormente no existía dicha oficina y el trabajo legal lo manejaba un asesor jurídico que, según el denunciante, tendría privilegios salariales. “Además del sueldo como jefe, que percibía, ahora cobrará un porcentaje de 15% por cada caso. Un ejemplo imaginario sería si se le gana una demanda al estado y es de 20.000 bs le quedan 3000 bs. adicional al sueldo”. Esto significa según lo referido que ganaría por casos y también como jefe del departamento que dirige.

También destacó el nacimiento del departamento de personal, actividad que solo la ejercía el vicepresidente de la caja.

ARTÍCULO 69 DE LOS ESTATUTOS DE LA CAJA DE AHORROS

“Los honorarios profesionales del asesor jurídico deberán establecerse de mutuo acuerdo entre las partes y en caso de cobros judiciales o extrajudiciales, demandas, asistencias u otras actuaciones de carácter jurídico externo, se pagarán al abogado actor entre el diez por ciento (10%) y el quince por ciento (15%) de lo que correspondiera tomándose en cuenta el reglamento de honorarios mínimos vigentes, dependiendo del monto a cobrar previa aprobación del Consejo de Administración, tomando en cuenta que las cajas de ahorros y entes similares son asociaciones sin fines de lucro”

LAS ACCIONES

Dijo que acudirá a los mecanismos jurisdiccionales y se presentará en los medios a referirse sobre el caso cuando el trabajo judicial esté “encaminado”. Afirmó que accionará jurídicamente contra el consejo de administración e “irán presos los que resulten responsables por hechos de corrupción”.

Presume que puedan haber “empresas de maletín” como proveedoras e indicó que “los proveedores actuales deben demostrar su RIF, dirección (…) no se van a poder esconder porque deben mostrar las facturas” dijo.