Miguel Cardoza
@MiguelCardoza
San Fernando de Apure
La
tarde del lunes un grupo de habitantes de la urbanización Los Tamarindos, que
se definen revolucionarios, se hicieron presentes en la sede de Mercal para reclamar
que por aparente discriminación política no les han llevado operativo casa por
casa. Han transcurrido 4 meses sin contar con este beneficio en los sectores
1-A donde residen más de 550 familias y 1-B donde hay más de 300 hogares
establecidos.
Ronny
Romero, vocero del Consejo Comunal Los Tamarindos sector 1-A, criticó que hay
otras comunidades que les han vendido hasta 3 veces en el referido lapso. “No
sabemos que es lo que está pasando. Creo que hay una mano peluda manipulando el
cronograma para donde se llevan los operativos. Pero no se debe pedir tarjeta
política para eso porque es un plan que creó el Presidente Hugo Chávez para
todos los venezolanos, independientemente del color, la raza o cultura”,
expresó Romero.
Explicó
que el cronograma establece un lapso aproximado entre 45 días y 2 meses
intermedios para efectuar los operativos a cada comunidad. “Es una demanda
grande registrada para este beneficio pero a nuestra comunidad la han venido
desviando”, reclamó Romero.
Cree
que esta situación se debe a un matiz político, ello en vísperas de la renovación
de vocerías y la escogencia de delegados del partido de gobierno. “Existe un
grupo de personas inescrupulosas que han estado jugando con el hambre del
pueblo, apoyados por quienes están manejando Mercal a su antojo y no debería
ser así”, cuestionó el vocero comunitario.
Por
su parte Wilfred Pérez, vocero del consejo comunal Los Tamarindos 1-C, señaló
que quien estaría detrás del boicot a estos operativos en la zona “sería Miriam
Gómez porque ella quiere ser electa delegada en el congreso del partido a como
de lugar”. Ello se debería diferencias políticas con dirigentes comunitarios de
esta populosa urbanización.
Afirmó
que Gómez “está chantajeando a la mayoría de los Consejos Comunales diciéndoles
que si no la apoyan no le sale el beneficio, siendo algo ilógico porque es algo
establecido para todas las comunidades”. La exhortó a que se aboque a cumplir
su trabajo “y no a amedrentar y amenazar a las comunidades”.
Finalmente
Liliana Martínez, coordinadora de logística de la Ubch Ezequiel Zamora, exigió
al gobernador que “meta la lupa” en el señalado organismo “porque hay cosas que
se están haciendo no apegadas a la Constitución”, exigiendo además que fue un
programa creado “para el pueblo sin discriminación alguna”.
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